La entrada en vigor de la Ley 2590 de 2026 representa un avance significativo en la lucha contra el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en Colombia. La nueva norma endurece las penas por este delito, fortalece las medidas de prevención y crea nuevos mecanismos para mejorar la respuesta institucional frente a una de las principales amenazas para la infancia en los territorios afectados por el conflicto armado y otras formas de violencia organizada.
La Defensoría del Pueblo destacó que la ley constituye un paso importante para garantizar la protección integral de los menores de edad. Sin embargo, advirtió que su verdadero impacto dependerá de la capacidad del Estado para reglamentar, financiar e implementar de manera oportuna las herramientas contempladas en la norma.
Defensoría del Pueblo tendrá un papel clave en la prevención
Uno de los principales cambios establecidos por la Ley 2590 de 2026 es que, cuando la Defensoría del Pueblo identifique escenarios de riesgo de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, los programas que hacen parte de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA) deberán priorizar de forma obligatoria los territorios señalados.
La medida busca fortalecer la prevención y garantizar una respuesta más rápida en las zonas donde existen mayores amenazas para la población infantil.
Los retos para que la ley sea efectiva
La Defensoría hizo un llamado al Gobierno entrante para que priorice la implementación de las acciones contempladas en la nueva legislación durante los próximos meses.
Entre las principales medidas se encuentran:
- Elaborar el documento CONPES y actualizar la Política Pública para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes dentro del primer año de vigencia de la ley, con metas, indicadores, financiación y mecanismos de seguimiento.
- Crear y poner en funcionamiento el Equipo Nacional de Acción Inmediata, con el fin de coordinar respuestas urgentes frente a situaciones de riesgo inminente de reclutamiento.
- Implementar el Observatorio Nacional de Reclutamiento y Uso de Menores de Edad, que permitirá consolidar información oficial para fortalecer la toma de decisiones y las estrategias de prevención.
- Diseñar un protocolo para prevenir y bloquear contenidos digitales utilizados por grupos armados y organizaciones criminales para captar menores de edad a través de redes sociales y plataformas digitales.
- Poner en marcha una estrategia nacional de prevención que fortalezca la información, la sensibilización y las rutas de protección, involucrando a familias, comunidades, instituciones educativas y autoridades.
- Desarrollar un plan para fortalecer la infraestructura educativa, ampliar la planta docente y garantizar la identificación y delimitación de escuelas en los municipios con mayor riesgo de reclutamiento.
La prevención requiere presencia permanente del Estado
La Defensoría del Pueblo reiteró que la prevención del reclutamiento no puede limitarse a la reacción institucional una vez se han vulnerado los derechos de los menores de edad.
La entidad señaló que es indispensable fortalecer la presencia integral del Estado en los territorios, ampliar las oportunidades educativas, proteger a las comunidades y generar acciones coordinadas que reduzcan los factores de riesgo que favorecen el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados y estructuras criminales.
Asimismo, anunció que continuará ejerciendo su mandato constitucional mediante el monitoreo permanente de los riesgos, la emisión de Alertas Tempranas, el acompañamiento a las comunidades y la incidencia ante las autoridades competentes para que las disposiciones de la Ley 2590 de 2026 se traduzcan en medidas efectivas de protección en todo el país.