Una juez de conocimiento de Bogotá condenó al exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, a 9 años y 9 meses de prisión tras encontrarlo responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
La decisión judicial se produjo con fundamento en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que también logró que se impusiera una multa equivalente a 4.453 salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2014, además de la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término de la condena.
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Fiscalía acreditó irregularidades en contrato por más de $6.500 millones
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Carlos Caicedo intervino en la estructuración de un contrato suscrito el 20 de agosto de 2014 entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y una empresa privada para el mantenimiento y adecuación de los centros de salud de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz.
El contrato fue firmado por un valor superior a 6.532 millones de pesos y, según el ente acusador, presentó múltiples irregularidades desde su etapa de planeación.
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Proyecto avanzó sin estudios ni licencias requeridas
La investigación estableció que, en su condición de presidente de la junta directiva de la ESE, el entonces alcalde impulsó el proyecto mediante el Acuerdo 004 del 5 de junio de 2014, pese a que no existían los requisitos técnicos y legales indispensables para su ejecución.
Entre las irregularidades detectadas por la Fiscalía se encuentran:
- Ausencia de estudios previos.
- Falta de licencias de demolición.
- Inexistencia de conceptos técnicos de viabilidad del Ministerio de Salud.
- El proyecto no hacía parte del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.
Además, las licencias de construcción fueron expedidas tres años después del inicio de las obras, cuando el contrato ya estaba en ejecución.
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Obras inconclusas afectaron la prestación de servicios de salud
Como consecuencia de las irregularidades, varios centros de salud suspendieron la atención al público, obligando a trasladar los servicios médicos a inmuebles arrendados y sedes de juntas de acción comunal.
La Fiscalía indicó que las obras permanecieron inconclusas hasta la liquidación del contrato, realizada en julio de 2016. Incluso, el centro de salud del barrio Mamatoco continúa sin terminar.
Detrimento patrimonial superó los $5.040 millones
Las pruebas presentadas durante el proceso judicial permitieron establecer un detrimento patrimonial superior a 5.040 millones de pesos.
De acuerdo con la sentencia, aunque al contratista se le desembolsaron 4.408 millones de pesos, el valor real de las obras ejecutadas alcanzó apenas 1.570 millones de pesos, generando un significativo daño a los recursos públicos.
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La sentencia aún no está en firme
La decisión emitida por el juzgado corresponde a una sentencia de primera instancia, por lo que aún proceden los recursos de ley y el fallo podrá ser revisado por un tribunal superior antes de quedar en firme.