A través de un comunicado a la opinión pública, la Defensoría del Pueblo está alertando al Gobierno Nacional por la inestabilidad que persiste en la dirección de la Unidad para las Víctimas y en sus dependencias. Una situación, que según el Ministerio Público, ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública de víctimas.
“El pasado viernes fue declarado insubsistente el director general de la entidad, en medio de diversas denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación durante su gestión. Entre 2022 y 2026, la Presidencia de la República ha designado, en propiedad y en encargo, a cinco personas distintas en la Dirección General, situación que ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública de víctimas“, se puede leer en el escrito.
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Agrega en este comunicado público que “se observa con preocupación los hechos que han venido siendo informados por los medios de comunicación, relacionados con presuntos actos de corrupción. Estas situaciones, de ser ciertas, exigen una atención inmediata y respuestas claras por parte del Gobierno Nacional, así como la intervención de los organismos de control competentes“.
Y va más allá. La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín “exhorta al Gobierno Nacional a dar respuesta a los cuestionamientos relacionados con presuntos hechos de corrupción“. Argumenta que “la estabilidad y transparencia en la coordinación de los procesos a cargo de la Unidad para las Víctimas y del Sistema de Atención y Reparación, es fundamental para impulsar las medidas en favor de las víctimas, cuyo universo representa aproximadamente el 20% de la población del país, especialmente aquellas priorizadas por el CONPES de Soluciones Duraderas y la reglamentación de la Ley 2421 de 2024”.